Actualmente, la Unión Europea mantiene una lista negra de 69 funcionarios venezolanos.
Tras el anuncio de España de solicitar el retiro de medidas restrictivas contra Delcy Rodríguez, la Unión Europea (UE) salió al paso este viernes para recordar los principios que rigen su política exterior hacia Venezuela. El Ejecutivo comunitario enfatizó que su sistema de sanciones es dinámico y condicionado a los avances en el terreno político.
UE: Flexibilidad condicionada
El portavoz de la UE, Anouar El Anouni, evitó pronunciarse directamente sobre la solicitud específica del ministro español José Manuel Albares, pero fue tajante al explicar la naturaleza de estas medidas.
«Las medidas económicas individuales o sectoriales no son un fin en sí mismas», destacó el portavoz durante la rueda de prensa diaria en Bruselas.
El Anouni subrayó que la Unión Europea permanece «dispuesta a utilizar todas las herramientas a su alcance» siempre que estas sirvan para apoyar de manera efectiva una transición hacia la democracia en el país suramericano.
El tablero de las sanciones individuales
Actualmente, la UE mantiene una lista negra de 69 funcionarios venezolanos. Estas personas están sujetas a:
- Congelación de activos: bloqueo de cuentas o propiedades dentro de la jurisdicción de los 27 países miembros.
- Prohibición de viaje: veto de entrada al territorio comunitario.
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Bruselas recordó que estas sanciones se aplican contra individuos señalados de socavar el Estado de derecho y los derechos humanos, y que cualquier modificación en la lista requiere el consenso de los Estados miembros basándose en «cambios de comportamiento» de los sancionados.
El factor diálogo
La UE también dejó entrever que la diplomacia europea suele dejar fuera de estas listas a figuras de alto rango (como ministros de exteriores) en ciertos contextos para «mantener los cauces de diálogo abiertos».
Esta aclaratoria de la UE llega en un momento de máxima sensibilidad, justo después de que la Asamblea Nacional venezolana aprobara una Ley de Amnistía por unanimidad, un paso que la UE está evaluando técnicamente antes de emitir un pronunciamiento conjunto sobre el futuro de las relaciones bilaterales con la gestión de Delcy Rodríguez.
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Con información de EFE.
