El tribunal consideró que la libertad para la médico representaba un peligro para la seguridad de la sociedad y que existía riesgo de fuga.
El caso que involucra a la médica venezolana Krissy Mora Duarte ha sacudido al sistema judicial chileno: tras cuatro intensas jornadas de audiencias realizadas entre el 21 y el 24 de diciembre de 2025 en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, se dictó prisión preventiva contra ella y otros seis profesionales acusados de integrar una red dedicada a la venta de licencias médicas fraudulentas.
La investigación, iniciada en octubre de 2025 tras un informe de la Contraloría General de la República, destapó un fraude que habría causado un perjuicio fiscal superior a los 20 mil millones de pesos chilenos.
La trama comenzó a revelarse en octubre de 2025, cuando la Contraloría General de la República de Chile detectó irregularidades en el sistema de licencias médicas. Mediante cruces de información, se descubrió que cientos de funcionarios públicos aparecían con reposo laboral mientras realizaban viajes al extranjero o actividades incompatibles con su estado de salud declarado.
Este hallazgo dio pie a una investigación de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), que rastreó la existencia de un centro médico dedicado exclusivamente a la emisión de certificados falsos.
Según medios locales, Mora Duarte formaba parte de una organización compuesta por otros cinco médicos y un representante legal, entre colombianos, peruanos y cubanos.
El tribunal resolvió dictar prisión preventiva para los siete imputados:
– Krissy Mora Duarte (Venezuela)
– Manuel Tejera Altamar (Colombia)
– Einer Ramírez Flores (Perú)
– Roger Sebastián Llapo (Perú)
– Edgar Camelo León (Colombia)
Mayra De la Fuente Aguilar (Cuba)
– Jorge Luis Galvis Machado (Chile)
El tribunal consideró que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad y que existía riesgo de fuga, dada la magnitud del daño patrimonial causado al sistema público de salud.
El fraude y sus dimensiones
– Perjuicio fiscal estimado: más de 20 mil millones de pesos chilenos.
Licencias emitidas: 35.978 certificados médicos falsos entre 2021 y 2024.
– Funcionarios implicados: la Fiscalía solicitó formalizar a 318 empleados públicos que compraron estas licencias para justificar ausencias laborales.
Las licencias eran adquiridas principalmente por trabajadores del sector público, lo que generó un impacto directo en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
Cómo operaba la red
El grupo de médicos y un representante legal habrían montado un centro médico fantasma que funcionaba exclusivamente para la comercialización de certificados falsos. Los documentos eran vendidos a funcionarios que buscaban justificar ausencias laborales con cargo a fondos estatales.
La investigación reveló que muchos beneficiarios utilizaban las licencias para viajar al extranjero o realizar actividades recreativas, mientras figuraban oficialmente en reposo médico.
Únete al WhatsApp de El Paraguanero
Un caso que marca precedente
El Ministerio Público chileno ha señalado que este es uno de los fraudes más grandes detectados en el sistema de salud público.
La prisión preventiva de los médicos y la posible formalización de más de 300 funcionarios públicos abre un proceso judicial que podría extenderse durante todo 2026.
Te recomendamos leer: Camión de Polar perdió su carga tras un hecho vial
Con información de Diario El Tiempo.
