La Justicia anuló la sentencia de 10 años contra Añez por el caso “Golpe II”, que la juzgó por la forma en la que asumió en 2019.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, fue liberada este jueves tras pasar cuatro años y siete meses en prisión, por un caso denominado “Golpe de Estado II” que investigaba la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales.
Con una bandera de Bolivia y acompañada por sus dos hijos, Añez salió de la cárcel de Miraflores a las 11:00 donde la esperaban sus seguidores.
“Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria, cuando mi patria lo necesitó. Ese es el compromiso que todo boliviano que ama a su patria tiene que hacer, yo lo asumí aún sabiendo que en algún momento iba a tener un costo”, manifestó con un megáfono ante sus simpatizantes y reafirmó “la convicción y la buena fe” con la que asumió el Gobierno.
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La ex mandataria denunció que fue tratada “como una verdadera delincuente, sin compasión alguna” y agregó que “se tuvo que ir el monstruo para que los administradores de Justicia puedan actuar conforma a la norma”, en referencia a la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones del 17 de agosto.
El miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la sentencia de 10 años que obtuvo y dispuso su libertad inmediata, luego de acoger una revisión extraordinaria de sentencia presentada por su defensa, que argumentaba que debía ser procesada por un juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria como fue procesada y sentenciada.
Áñez fue sentenciada en junio de 2022 por situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado y asumir la Presidencia del país tras la renuncia de Morales. La crisis política fue interpretada por los leales al Gobierno como un “golpe de Estado” mientras que sus opositores consideran que fue consecuencia de un fraude electoral en los comicios de 2019.
«En este país jamás hubo un golpe de Estado, lo que hubo fue un fraude electoral“, dijo al salir de la cárcel.
La situación de Áñez, así como la de otros opositores detenidos por cargos similares, fue objeto de debate tanto a nivel nacional como internacional. Diversos organismos de derechos humanos expresaron su preocupación por el proceso judicial y por las condiciones en las que la exmandataria permanecía privada de libertad. En Bolivia, el caso desató intensas discusiones sobre la forma en que asumió el poder, las represiones militares durante las primeras semanas de su gobierno y la judicialización del conflicto político.
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Con información de Infobae
