«Debido a que el escenario de peligro para la población civil se configura por la intensificación de las disputas entre el ELN y disidencias de las extintas FARC», dijo la Defensoría.
La población del municipio de Tibú, que forma parte de la convulsa región del Catatumbo, está en riesgo por los continuos enfrentamientos armados entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC, alertó este lunes la Defensoría del Pueblo de Colombia.
«Debido a que el escenario de peligro para la población civil se configura por la intensificación de las disputas entre el ELN y disidencias de las extintas FARC», dijo la Defensoría en un comunicado en el que anunció la emisión de una Alerta Temprana de Inminencia (ATI) para 24 caseríos de Tibú.
Según el organismo, existe un riesgo alto de violaciones de los derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).
La confrontación involucra al Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre y al Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, ambos disidentes de las antiguas FARC, que desde el 16 de enero de 2025 se disputan el control territorial y de las economías ilegales, especialmente los cultivos de uso ilícito que predominan en la zona.
La génesis de la violencia
La región del Catatumbo, y en especial Tibú, vive desde ese día una grave crisis humanitaria ocasionada por la guerra declarada por el ELN contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control territorial y de las economías ilícitas.
Esa disputa provocó la muerte de cerca de un centenar de personas y el desplazamiento forzado de más de 60.000 campesinos de la región, muchos de los cuales no han podido volver a sus tierras porque la violencia persiste.
«Esto convierte a Tibú, por su extenso límite fronterizo con Venezuela, en un corredor estratégico de importante valor para los actores armados al margen de la ley», aseguró hoy la Defensoría.
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El organismo advirtió que los hechos de violencia incluyen homicidios, amenazas, secuestros, confinamientos, desplazamientos forzados y restricciones a la movilidad, además de la instalación de retenes ilegales con requisas e inspección de celulares.
Asimismo, constató la presencia y uso de minas antipersonales (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI), algunos de ellos empleados en ataques con drones.
La Defensoría recalcó que la situación afecta de manera diferenciada a comunidades en condición de especial vulnerabilidad y advirtió que, de no implementarse acciones preventivas urgentes, la violencia podría extenderse a municipios vecinos como El Tarra, San Calixto, Sardinata y Teorama, así como a otros territorios que comparten corredores de movilidad.
El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo y que, desde hace décadas, es disputada por grupos guerrilleros y paramilitares.
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Con información de EFE.
