El informe de 103 páginas, presentado en septiembre al Papa León XIV, subraya la necesidad de ofrecer reparaciones a las víctimas, a través de apoyo psicológico, disculpas públicas e indemnizaciones económicas.
En su segundo informe anual, la Comisión Pontificia para la Protección de Menores del Vaticano ha denunciado que las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero continúan enfrentando represalias “perturbadoras” tras denunciar los hechos. Este informe revela, por primera vez, que algunas víctimas, más de 20 años después de las primeras denuncias de gran escala en Estados Unidos, siguen sufriendo presiones de la Iglesia, a menudo en forma de amenazas o represalias familiares.
Una de las víctimas relató que su hermano seminarista fue presionado por un obispo, quien advirtió que su denuncia podría comprometer su ordenación. Otra víctima compartió cómo su familia fue excomulgada públicamente tras hacer la denuncia. Según Luis Manuel Alí Herrera, secretario de la comisión, estas denuncias reflejan un profundo sentimiento de desconfianza por parte de las víctimas, que a menudo no se sienten escuchadas ni respetadas.
El informe de 103 páginas, presentado en septiembre al Papa León XIV, subraya la necesidad de ofrecer reparaciones a las víctimas, a través de apoyo psicológico, disculpas públicas e indemnizaciones económicas. Además, la comisión insiste en la importancia de hacer públicas las razones por las que se destituye a un sacerdote acusado de abuso.
Cultura del silencio y resistencia cultural en la Iglesia
El informe también pone de relieve la existencia de una “cultura del silencio” en muchas regiones, donde los abusos son minimizados o encubiertos. La Iglesia enfrenta “resistencia cultural” en su lucha contra los abusos, especialmente en países como Italia, donde los obispos no han colaborado suficientemente con las investigaciones. Solo el 36% de las diócesis italianas respondieron a un cuestionario de investigación de la comisión.
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El informe detalla que los “tabúes culturales” alrededor de los abusos persisten en países de diferentes continentes, desde Malta hasta Etiopía y Mozambique, pasando por Guinea. En estos países, las víctimas siguen enfrentando grandes dificultades para ser escuchadas, debido a la resistencia de la institución.
El arzobispo Thibault Verny, presidente de la comisión, criticó la respuesta tardía de la Iglesia ante los casos de abuso, y enfatizó que las figuras de autoridad dentro de la institución que cometieron o permitieron abusos no deben ser tratadas como intocables. Verny advirtió que la respuesta de la Iglesia no debe repetir los mismos errores que en el pasado, cuando las autoridades eclesiásticas ignoraron o minimizaron las denuncias.
El informe también señala que el Papa Francisco, al inicio de su pontificado en 2014, creó la comisión para proteger a las víctimas y combatir la proliferación de los abusos. Sin embargo, algunas críticas sobre su funcionamiento y la dimisión de varios miembros llevaron a una reestructuración de la comisión en 2022, cuando se integró en la Curia romana. A pesar de estas reformas, el clero sigue estando exento de la obligación de denunciar delitos ante la justicia civil, excepto cuando las leyes del país lo exigen.
El nuevo Papa León XIV, quien asumió el cargo en mayo de este año, ha mostrado su compromiso con la causa y se ha reunido con los miembros de la comisión para abordar la crisis de los abusos sexuales. Sin embargo, su reciente comentario sobre la protección de sacerdotes acusados de abusos ha generado inquietud entre las asociaciones de víctimas, que piden una política de tolerancia cero y una mayor protección para las víctimas, no solo para los acusados.
Este informe pone de manifiesto la urgente necesidad de que la Iglesia Católica tome medidas más eficaces y transparentes para erradicar los abusos sexuales dentro de sus filas y ofrezca a las víctimas el apoyo y reparación que merecen.
Con información de Versión Final
