Dos jovenes de nacionalidad venezolana, de 18 y 20 años, desenfundaron un arma de fuego para despojarlo de su vehículo.
Una mezcla de indignación y dolor sacude a Colombia tras conocerse los escalofriantes detalles del asesinato de Juan Pablo Vargas, un conductor de plataforma de 26 años oriundo de Boyacá, ejecutado a sangre fría durante un atraco en la carrera Séptima de Bogotá.
Lo que inició como un servicio de transporte habitual el pasado 22 de julio se transformó en una pesadilla. A mitad del trayecto, dos jovenes de nacionalidad venezolana, de 18 y 20 años, desenfundaron un arma de fuego para despojarlo de su vehículo.
A pesar de que la víctima entregó el automóvil sin oponer resistencia y suplicó por su vida, los atacantes apretaron el gatillo. «No, por favor, no me hagan nada (…). No me hagan nada, yo ya me bajo», fueron las últimas palabras pronunciadas por el joven profesional antes de ser baleado, según reveló el material probatorio expuesto por la Fiscalía General de la Nación.
Gracias a un rápido despliegue de la Policía Metropolitana de Bogotá, los sospechosos fueron acorralados y capturados en el sector de El Codito, en la localidad de Usaquén.
La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas. Pese a la contundencia de las pruebas, ninguno de los arrestados aceptó los cargos y ambos proclamaron su inocencia ante el juez.
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La crueldad de este crimen ha reencendido un acalorado debate nacional sobre la efectividad del sistema judicial y la severidad de las penas en el país, llevando a diversos sectores de la sociedad a exigir medidas drásticas frente a la criminalidad desbordada.
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