El oficialismo acusó a Estados Unidos de ejecutar un “robo” contra Venezuela tras la venta de la filial de Pdvsa por 5.900 millones de dólares a una empresa vinculada a Elliott Investment Management.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro calificó de “vulgar y bárbaro despojo” la adjudicación de Citgo Petroleum, la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos (EEUU), a una compañía asociada al fondo Elliott Investment Management por 5.900 millones de dólares.
Un comunicado leído por la vicepresidenta Delcy Rodríguez sostiene que el gobierno oficialista fue “intencional e ilegalmente excluido del proceso” y denunció que Washington influyó en las cortes para impedir que Pdvsa y el Estado venezolano ejercieran su derecho a la defensa, en el marco del proceso de subasta supervisado por un tribunal federal en Delaware.
Rodríguez afirmó que la excusa del no reconocimiento al gobierno de Maduro fue “especialmente diseñada para robar activos estratégicos del país”.
La venta de Citgo constituye un nuevo capítulo de la presión internacional que, aseguran, EEUU mantiene sobre Venezuela mediante sanciones económicas, acciones judiciales y medidas diplomáticas.
Señalamientos contra la oposición venezolana
En su declaración, el gobierno del preidente Maduro responsabilizó directamente a un grupo de dirigentes opositores, entre ellos María Corina Machado, Edmundo González, Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio y el abogado José Ignacio Hernández, a quienes acusó de haber facilitado el proceso judicial que condujo a la subasta de Citgo.
El oficialismo también calificó como “delincuencia organizada” a la Asamblea Nacional electa en 2015, cuyos integrantes han continuado sus funciones en paralelo bajo el argumento de la ilegitimidad de las elecciones presidenciales de 2018 y posteriores. Según el comunicado, dicho grupo habría actuado coordinadamente para que los activos de Citgo quedaran bajo control de juntas ad hoc designadas por el llamado “gobierno interino”.
Para la administración de Maduro, el proceso autorizado por el juez Leonard Stark es “fraudulento y contrario al derecho”, por lo que su gobierno no reconocerá la subasta y asegura que llevará a ante la justicia a quienes faciliten el traspaso de la empresa.
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Rodríguez comparó el caso de Citgo con el litigio por el oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, al afirmar que los dos procedimientos están vinculados a una estrategia para despojar al país de sus activos internacionales.
La vicepresidenta señaló además que el fondo que adquirió Citgo estaría “registrado como financista de un alto funcionario del actual gobierno de EEUU”, aunque no ofreció nombres ni detalles.
También aseguró que el valor actual de Citgo asciende a 12.000 millones de dólares y que genera entre 4.000 y 5.000 millones anuales en dividendos. Según sus declaraciones, desde 2019 las juntas ad hoc habrían manejado dividendos por 24.000 millones de dólares, fondos que —afirma— fueron utilizados para financiar actividades políticas de la oposición y “grupos extremistas”.
Subasta de Citgo
La venta de Citgo ocurre luego de un largo proceso judicial iniciado por acreedores que exigieron compensaciones por expropiaciones, deudas impagas y litigios comerciales relacionados con Pdvsa y el Estado venezolano. Entre los reclamantes figuran empresas del sector energético, contratistas, tenedores de bonos y fondos especializados en litigios contra Estados soberanos.
El tribunal de Delaware permitió desde 2023 avanzar hacia la subasta con la justificación de que las juntas ad hoc representan los intereses legítimos de Pdvsa en EEUU, posición respaldada por la política de reconocimiento estadounidense al gobierno interino encabezado por Juan Guaidó entre 2019 y 2022.
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Con información de El Nacional.
