Los responsables de actos crueles y abusivos hacia los animales podrían enfrentar condenas de prisión de entre dos y cinco años. Además, la multa económica sería igualmente ajustada, con un rango de entre 600 y 1.000 Unidades Tributarias.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció el pasado domingo que el Ministerio Público (MP) venezolano implementará sanciones severas para quienes sean encontrados culpables de maltrato animal. Según el nuevo marco legal propuesto por Saab, los responsables de este tipo de abusos enfrentarán penas de prisión de hasta seis años y multas económicas que podrían alcanzar los 2.000 Unidades Tributarias (UT), una medida que refuerza la postura del país en la protección de los derechos de los animales.
El fiscal general precisó que los actos de crueldad animal comprendidos en la ley incluyen diversas formas de maltrato, tales como la privación de elementos esenciales para el bienestar de los animales, entre los que se destacan la falta de luz, aire, sombra, movimiento, alimentos, abrigo e higiene adecuados. Esta definición amplia de maltrato busca garantizar que los animales reciban condiciones mínimas para su supervivencia y bienestar. Según Saab, cualquier acto que implique una negación de estos derechos básicos será considerado un delito penal.
De acuerdo con las nuevas disposiciones, los responsables de actos crueles y abusivos hacia los animales podrían enfrentar condenas de prisión de entre dos y cinco años. Además de la pena privativa de libertad, se les impondría una multa económica que podría oscilar entre 1.000 y 2.000 Unidades Tributarias (UT). La UT, que actualmente se encuentra valorizada en 43 bolívares, permitiría que la sanción económica alcanzara hasta los 86.000 bolívares, dependiendo de la gravedad del delito y de la cantidad de UT asignadas por la autoridad judicial.
Por otra parte, el fiscal general subrayó que, en los casos en los cuales se pueda demostrar que el maltrato animal ha sido registrado en video, la pena de prisión podría incrementarse significativamente. En estos casos, la pena privativa de libertad podría ser de entre tres y seis años, lo que refleja la importancia de la evidencia visual como prueba contundente en los procesos judiciales. Además, la multa económica sería igualmente ajustada, con un rango de entre 600 y 1.000 Unidades Tributarias (UT).
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La decisión del Ministerio Público de endurecer las penas por maltrato animal responde a un creciente movimiento dentro de Venezuela en favor de la protección de los derechos de los animales. En los últimos años, varias organizaciones y defensores de los derechos de los animales han denunciado casos de abuso y negligencia en la atención de animales domésticos, así como la caza ilegal de especies protegidas. El endurecimiento de las penas busca no solo castigar los delitos ya cometidos, sino también prevenir futuros abusos y fomentar una cultura de respeto hacia los animales.
El endurecimiento de las sanciones por maltrato animal es parte de una serie de reformas legislativas y judiciales en Venezuela que buscan dar mayor protección a la fauna y promover una convivencia más armoniosa entre los seres humanos y los animales. Sin embargo, la medida también ha generado controversia en algunos sectores, que aseguran que aún falta una mayor concienciación y educación sobre el trato adecuado hacia los animales.
Además, algunos defensores de los derechos de los animales han advertido que, si bien las sanciones penales son una herramienta importante, también es necesario que las autoridades venezolanas implementen medidas preventivas y educativas más amplias para sensibilizar a la población sobre la importancia del trato respetuoso hacia los animales desde una edad temprana.
Aunque las nuevas disposiciones legales han sido bien recibidas en algunos círculos de la sociedad civil, el reto ahora será garantizar su efectiva implementación en todo el país. La supervisión de estos actos de maltrato y la recopilación de pruebas son aspectos que requerirán una coordinación eficiente entre las autoridades locales y el Ministerio Público. Además, la colaboración con organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de los animales será clave para monitorear posibles casos de abuso y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
Con información de Versión Final
