La minería de carbón, una de las pocas actividades no sujetas a sanciones internacionales, se convirtió en un nuevo pilar del plan del presidente. No obstante, Organizaciones locales denuncian contaminación del agua y desplazamientos por la expansión minera.
En medio de la crisis económica y las sanciones impuestas por Estados Unidos, Venezuela ha retomado la producción de carbón en alianza con una compañía turca, con la meta de exportar más de 10 millones de toneladas durante este año, según fuentes empresariales.
De acuerdo con Routers, la minería de carbón, una de las pocas actividades no sujetas a sanciones internacionales, se convirtió en un nuevo pilar del plan del presidente Nicolás Maduro para diversificar una economía históricamente dependiente del petróleo.
La empresa estatal Carbozulia reactivó junto a su socio turco Glenmore Dis Ticaret Ve Madencilik la firma mixta Carboturven, responsable de las operaciones en las minas Paso Diablo y Mina Norte, ubicadas en el estado Zulia.
Las faenas, que habían permanecido paralizadas durante años, se reiniciaron a fines de 2024. Fuentes internas estiman que la producción en el primer trimestre de 2025 alcanzó tres millones de toneladas, lo que podría superar los niveles históricos de comienzos de siglo. El carbón venezolano, de alto poder calorífico y menor contenido de azufre, se exporta casi en su totalidad a Turquía, desde donde se redistribuye hacia otros destinos europeos.
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No obstante, el auge minero aviva las preocupaciones ambientales. Organizaciones locales, como Sociedad Homo et Natura, denuncian que las minas vierten contaminantes como plomo, mercurio y cianuro al río Guasare, afectando a al menos doce comunidades indígenas y rurales. Los habitantes de las zonas mineras aseguran que el polvo de carbón cubre los cultivos, los techos y el agua potable.
“El carbón está matando a la gente, lo respiramos todos los días”, relató una vecina de Paso Diablo que prefirió no revelar su nombre.
Aunque un documento interno de Carbozulia menciona medidas de mitigación ambiental, como tratamiento de efluentes y control de emisiones, no se ha comprobado su aplicación. Los monitores ambientales en las comunidades dejaron de funcionar hace meses, según testimonios de trabajadores.
Mientras el Gobierno celebra un crecimiento económico del 8,7% impulsado por la minería, los pobladores afectados denuncian que viven rodeados de polvo, pobreza y promesas incumplidas. “Vivimos en miseria, con la riqueza del carbón frente a nosotros”, expresó un líder indígena de La Guajira.
Con información de Versión Final
