El Gobierno venezolano da 72 horas a los 13 funcionarios de la Oacnudh para que se retiren del país.
El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó este jueves 15 sobre la decisión del gobierno de Nicolás Maduro que expulsa del país a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), por su supuestos «ataques exacerbados» contra Venezuela.
El Gobierno venezolano da 72 horas a los 13 funcionarios de la Oacnudh para que se retiren del país. El canciller anunció además que se suspenden las actividades de esta Oficina y se revisarán los acuerdos firmados con ella en los próximos 30 días.
«Buscan crear una especie de tutela a nuestros poderes públicos (…) Esto en ningún Estado es tolerable. Esta oficina sigue un mandato de los Estados que forman parte de Naciones Unidas. Mal bien puede la Oficina osar responder por las informaciones (…) máxime cuando no ha ocurrido ninguna violación a los derechos humanos», aseguró el canciller en unas declaraciones desde la sede de la Cancillería.
Calificó la decisión como «administrativa» e insistió en que la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela «se ha desviado de su mandato». Afirmó que el trabajo que debería hacer esta instancia independiente de la ONU es «combatir los efectos» de las sanciones y denunciar las conspiraciones contra las autoridades venezolanas.
¿Cuándo se instaló esta oficina en Venezuela?
La Oficina de Cooperación Técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue instalada –a través de la firma de un memorando de cooperación– en el año 2019, tras una visita de la entonces comisionada Michelle Bachelet, con el objetivo de revisar en el terreno las denuncias sobre violaciones a DDHH, así como brindar asistencia técnica al Estado para mejorar la situación en este sentido.
La cooperación entre esta instancia de la ONU y el gobierno venezolano se reafirmó el año pasado, tras la visita del Alto Comisionado Volker Türk, que denunció entonces la ocurrencia de nuevas ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad, así como la necesidad de que se liberen a todos los presos políticos y se realicen investigaciones reales sobre torturas.
Tras la detención de la activista y abogada Rocío San Miguel, la Oacnudh indicó que podría tratarse de una desaparición forzada. Sin embargo, la mañana de este jueves se tomó nota de su lugar de detención y se solicitó que se respeten «las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa» de la presidenta de Control Ciudadano.
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Con información de 800 Noticias
